La Justicia procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner y a más de 100 empresarios


El juez Bonadio procesó a la expresidenta con prisión preventiva como jefa de una asociación ilícita. En la acusación fueron claves los testimonios de los arrepentidos Wagner y Clarens.


El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a Cristina Kirchner y a una importante cantidad de empresarios y exfuncionarios del Ministerio de Planificación por la cartelización en la obra pública. Se trata de uno de los expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.

La acusación contra la expresidenta es, nuevamente, como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales. El magistrado, además, le dictó prisión preventiva.

Con esta nueva decisión de Bonadio, la senadora y candidata a vicepresidente acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva.

En este tramo de la investigación, el juez y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios exdirectivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.

En la causa de los cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.

Tuvo incidencia en este expediente la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio del financista Ernesto Clarens, que entregó un extenso listado de empresas que pagaban sobornos a exfuncionarios para garantizarse obras.

Según entiende el juez, Cristina Kirchner -que ya declaró en esta causa- lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal” y en la que los distintos funcionarios intervinientes “operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.

La maniobra se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Se investigó a más de 90 empresas que fueron receptoras de contratos de obra pública, lo que derivó en un nuevo procesamiento a la ex presidenta, ampliando la acusación en su contra como jefa de la asociación ilícita.

Bonadio determinó que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

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